Cuando un servicio público del Estado, en cualquiera de sus esferas, nacional, autonómica o municipal, reduce la atención física y personal, comete una inequidad sobre grupos de población potencialmente marginables, convirtiéndoles en marginados de hecho.

Y así ocurre cuando el Canal, en su respuesta a la Asociación de Vecinos por Colmenar Viejo, se justifica con la triste disculpa de que mantiene el servicio físico en Madrid capital. Olvida el Canal que obliga al cliente colmenareño a desembolsar 10,20 € si se desplaza en transporte público y a invertir más de 2 horas en el desplazamiento de ida y vuelta. Supone, por tanto, una discriminación efectiva y un sistema disuasorio para la presentación de reclamaciones, lo cual contraviene la legislación sobre consumo.

Efectivamente, la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid en su artículo 4, dedicado a los Colectivos de especial protección dice:

“1. Los colectivos de consumidores que se encuentren en situación de inferioridad, desprotección o discapacidad por razón de su edad, origen o condición serán objeto de atención prioritaria en las actuaciones que desarrollen las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid.

2. Por concurrir las circunstancias enumeradas, esta protección se dirigirá especialmente a:

a) La infancia y la adolescencia.

b) Enfermos y personas con capacidades disminuidas.

c) Personas mayores.

d) Las mujeres gestantes.

e) Los inmigrantes.

f) Los sectores económicos y sociales más débiles.”

Otra vez la incoherencia tantas veces repetida de un organismo público (el Canal), que asumiendo las competencias municipales de suministro y tratamiento de aguas, incumple la normativa a la que está sujeto sin que ningún responsable de la Administración Pública se inmute y sin que los representantes políticos de los ciudadanos, en el gobierno o en la oposición, muevan un músculo para defender los intereses de los colectivos que dicen representar.

Pero no es esta la única actuación dañina para los usuarios de estos servicios públicos. La

digitalización está imponiendo la domiciliación bancaria de los recibos en cuentas corrientes a las que se están aplicando comisiones cada vez más elevadas. Sin ninguna vergüenza, se vende de forma encubierta como facilidad para el cliente, mientras se obstaculiza el pago en efectivo en caja, reduciendo el número de las sucursales y los tiempos en que la caja atiende a los vecinos que van a pagar sus recibos.

Por último, estas decisiones conducen a situaciones absurdas y rocambolescas, como el hecho de que la Policía Local de Colmenar Viejo deba hacerse cargo de la distribución y control de las “fichas” de pago de los puntos de suministro de agua a los ganaderos, actividad que claramente no está comprendida en sus labores de seguridad y protección del municipio.

En consecuencia, la Asociación de Vecinos por Colmenar Viejo se dirige a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, a la Dirección General de Comercio y Consumo y al Ayuntamiento de Colmenar Viejo para que obliguen al Canal de Isabel II a cumplir con lo establecido en la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, que eviten las actuaciones conducentes a incrementar las brechas económicas, sociales y digitales, y que velen por los intereses de sus administrados, como es su obligación.

Contacto:

vecinosporcolmenar@gmail.