Una semana después del pleno de presupuesto los alcaldes de Colmenar Viejo y de Tres Cantos informaron que habían llegado a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para pagar la deuda durante 12 años. Deuda que supone para cada Ayuntamiento 24 millones, 21 de sentencia y 3 de intereses, más los intereses al 0,7% que se devenguen durante los próximos 12 años.

Es curioso que el gobierno tricantino después de diez meses sin informar sobre la sentencia finalmente haga una rueda de prensa, con video incluido, como si de un gran logro se tratará. Obviando, que si las tres administraciones hubieran llegado a un acuerdo hace tres años los dos ayuntamientos ya se hubieran ahorrado 3 millones de intereses más los que se generen durante 12 años. De hecho, quién ha salido ganando con este “acuerdo” ha sido la Comunidad, porque mientras el montante a pagar por cada uno de los municipios será de 24 millones más el 0,7% de los futuros intereses, la Comunidad habrá gastado 16 millones menos el 0,7% de los futuros intereses que reciba.

El gobierno tricantino en el video vuelve a intentar exculparse y para ello se retrotrae al año 1987 y a los gobiernos socialistas. Nunca dicen que en la sentencia que da pie al caso de “el Tagarral”, de 1987 y confirmada por el TSJM en 1992,  no se hace referencia a la decisión urbanística ya que es conforme a la ley, y solo hace referencia a la posibilidad de los propietarios a actuar judicialmente por daños y perjuicios. Derecho de cualquier propietario cuando entiende que se ve perjudicado, como por ejemplo ocurre en las expropiaciones, una posibilidad que no las demoniza ni culpabilizan.

El Alcalde, Jesús Moreno, sin embargo no recuerda la falta de acuerdo en 2003 de las tres administraciones, todas del PP, desde que el TSJM fijo la cuantía de la sentencia a pagar a los propietarios en 42 millones, y no los 64 millones que finalmente recibieron. Ni recuerda cuando en 2014 la Comunidad adelantó toda la cuantía de la sentencia al mismo tiempo que requería a los ayuntamientos que las tres administraciones iniciaran conversaciones para llegar acuerdos para el pago. Ni recuerda que ocultó esos requerimientos que nos llevó a un nuevo proceso judicial que ha costado 3 millones a Tres Cantos.

Lo más rocambolesco de esa rueda de prensa ocurre doce días después, cuando Jesús Moreno informa en el pleno de diciembre que el acuerdo no está firmado, y que en julio el ayuntamiento tricantino solicitó en el juzgado la nulidad de la sentencia que le fue denegada, y que posteriormente en octubre ha presentado una demanda en base a lo que ellos creen un error judicial. Todo resulta un sinsentido, se da publicidad de un acuerdo que no está firmado y a continuación se informa que se ha iniciado un nuevo proceso judicial, luego la situación en la que se encuentra Tres Cantos con respecto a “el Tagarral” realmente no se sabe. Además ¿es posible compaginar un acuerdo con una demanda interpuesta?. Nuevamente, la falta de transparencia y la información distorsionada de la realidad es el camino que sigue Jesús Moreno en este asunto.

Tampoco hay que olvidar que la zona de “el Tagarral” sigue en suspenso desde la aprobación en 2003 del Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos. Esto significa que el uso de este suelo, no urbanizable de protección, no está asegurado, y en un futuro se podría aprobar una reclasificación de este suelo a urbanizable, que supondría que los propietarios que ya han cobrado 64 millones puedan finalmente urbanizar los terrenos.

         Por desgracia para Tres Cantos el caso de “el Tagarral” sigue vigente. ¿Hasta cuándo?.