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Ayuso y la realidad de la gestión de las residencias en España

Fotomontaje compartido en redes sociales.

Sociedad
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Durante los momento más duros de la pandemia, en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid murieron 5 975 personas, gran parte de ellas totalmente abandonadas a su suerte. Tras un año entero responsabilizando a Pablo Iglesias, la Comunidad ha decidido ahora no investigar lo sucedido, llegando a un punto de indiferencia y sarcasmo que asusta.

Para muestra, la respuesta de la presidenta Isabel Díaz Ayuso respondiendo en la Asamblea a una pregunta sobre los muertos en residencias durante la pandemia: "Bueno, de verdad… Hasta luego. Da igual… Paso".

Las residencias de la tercera edad en España se han estado utilizando desde hace semanas como arma arrojadiza en la gestión de la crisis del coronavirus. No es para menos: con 19.481 fallecimientos en mayores residentes en estos centros, suponen el 71,8% del total de muertes relacionados con la enfermedad. La mayoría de estos casos se concentran en la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular (en coalición con Ciudadanos y el ultraderechista Vox), con 5.975 fallecimientos. Es decir, el 30,6% de las muertes totales en residencias y casi el 70% del total de la comunidad.

Cifras muy similares se dan en Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. En esta última, los fallecimientos representan el 84% del total. El caso porcentualmente más elevado se lo lleva Navarra, con un 88%, si bien en números absolutos los fallecimientos han sido 431. Y, si atendemos al número de la población, el número es inusualmente elevado en el caso de la Comunidad de Madrid. Así, esta región se lleva las peores cifras en cuanto a contagios, fallecimientos y muertes en residencias.

En todo momento, los dos principales partidos de la oposición, PP y Vox han mantenido una guerra abierta y sin cuartel contra el gobierno de España, en manos de PSOE y Unidas Podemos. Especialmente a partir de mediados de marzo, los ataques y los despropósitos de ambas formaciones, y muy especialmente en el partido de extrema derecha, han llegado a los insultos y las descalificaciones. Por diferentes medios de comunicación se ha visto, por ejemplo, a Cayetana Álvarez de Toledo, una portavoz del PP, decir a Pablo Iglesias, de Unidas Podemos y vicepresidente del gobierno, que era “hijo de un terrorista”. También a Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, comparando a Pedro Sánchez, de PSOE y presidente del gobierno, con el asesino Charles Manson. Tan solo dos ejemplos de la enorme cantidad de exabruptos agitados contra el gobierno, incluyendo la petición de Vox de que el ejército intervenga.

De entre todos estos dardos envenenados, uno de ellos ha estado relacionado con la situación de las residencias de mayores. De manera paralela a los reproches intercambiados entre gobierno y oposición de la Comunidad de Madrid, e incluso entre miembros del propio ejecutivo (concretamente, entre PP y Ciudadanos), desde el Congreso de los Diputados se ha culpado una y otra vez al gobierno de estos dramáticos datos. Que, por su parte, se ha defendido alegando que ha tomado medidas contundentes y necesarias para mejorar la situación, pero que la responsabilidad última es de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de la gestión de las residencias.

Los últimos escándalos han reavivado el debate al averiguarse dos hechos sucedidos en la Comunidad de Madrid: el primero, que se negó el traslado de mayores con COVID19 a hospitales y, el segundo, que aquellas personas enfermas que poseían seguro privado sí que fueron trasladadas. Al parecer, todo obedecía a protocolos aprobados por la Conserjería de Salud, en manos del Partido Popular después de que se la arrebatara a Ciudadanos. Se han descubierto incluso correos electrónicos internos que justificaron estas directrices.

El hecho de que la Fiscalía General del Estado mantiene 190 diligencias civiles y 171 penales en relación con la gestión de la crisis del coronavirus en las residencias. Solo la semana pasada cursóonce nuevas investigaciones penales(tres en Madrid, tres en Castilla y León; dos en Cataluña; dos en Galicia y una en Castilla-La Mancha) por esta situación.

En este guerra política, es necesario dirimir quién tiene la principal responsabilidad.

Las competencias en la gestión de las residencias

Mientras un bando señala por activa y por pasiva que, desde la aplicación del estado de alarma el 14 de marzo y tras el decreto aprobado el 19 de ese mismo mes, la vicepresidencia en manos de Pablo Iglesias asumió el control completo (el “mando único”) de las residencias de mayores, el otro bando asegura que esto no es así, que estos decretos le otorgaron cierto control pero que la responsabilidad última sigue siendo de las autonomías.

La legislación española

Para comprobar quién tiene razón, hay que atender en primer lugar qué dice la ley al respecto y qué rezan los textos de los decretos aprobados estos días.

A nivel administrativo, las residencias de mayores no se consideran centros sanitarios y no están integrados en los sistemas sanitarios autonómicos. Es decir, se trata de centros socio-sanitarios o centros de servicios sociales, al igual que lo son los centros para personas con diversidad funcional.

Según el artículo 148 de la Constitución, en España las competencias de servicios sociales corresponden a las autonomías. Y, según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, corresponde las comunidades autónomas la acreditación, registro e inspecciones de calidad a todos los centros sociales (incluyendo residencias de la tercera edad). De forma similar se pronuncia la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Pero, como sucede con muchas de las competencias delegadas, no siempre hay una ley estatal que establezca un marco claro, sino que a menudo hay una legislación por cada comunidad autónoma. En este caso, más allá de las dos leyes citadas anteriormente, cada autonomía define mediante su propia ley de Servicios Sociales su relación con la gestión de las residencias.

 

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