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Multinacionales. Dinero público que no cuida: ¿a qué empresas se está rescatando?

Sociedad
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Un banco público al servicio de las grandes empresas

El paradigma neoliberal desprestigió, hasta hacerla desaparecer, la idea de que pudiera existir una banca pública para satisfacer las necesidades financieras de la población. Pero no ocurrió lo mismo con la financiación para las grandes empresas.

Iberia y Vueling han recibido más de 1.000 millones de euros en préstamos avalados por el Estado. Air Europa también se ha beneficiado del respaldo estatal a través de un crédito de 130 millones con aval público. Y OHL, la constructora investigada por corrupción, se ha hecho con otro crédito de 140 millones gracias a las medidas económicas adoptadas durante la crisis por el covid-19. La compañía de Villar Mir llevaba dos años sin conseguir ningún tipo de préstamo de los bancos, pero siendo avalista el Estado es otra cosa.

Estos son solo algunos ejemplos de las grandes empresas que han accedido al plan de choque económico que ha puesto en marcha el Gobierno en estos dos meses. En total, se van a destinar 100.000 millones de euros para avalar los préstamos que otorgan los bancos al tejido empresarial y a los autónomos. Por comparar con el presupuesto dedicado a otras medidas, el tan debatido ingreso mínimo para la ciudadanía, en sus múltiples formas, oscila entre 5.000 millones de euros al año, en el caso de la propuesta del Gobierno, y 10.000 millones según otras versiones más amplias y garantistas.

El Gobierno ha reservado 4.000 millones para comprar pagarés empresariales. Dicho de otra manera: dinero público destinado a comprar deuda de las compañías

En el marco de ese gigantesco respaldo público al sector privado, el Gobierno ha reservado 4.000 millones para comprar pagarés empresariales. Dicho de otra manera: dinero público destinado a comprar deuda de las compañías, y quienes emiten este tipo de deuda no son precisamente pymes. Acabamos de conocer el listado de las empresas a las que el Estado puede inyectarles presupuestos millonarios, entre ellas nos encontramos a la casa de apuestas Codere, el fabricante de armamento Maxam, la cadena El Corte Inglés y otras compañías que van desde constructoras hasta inmobiliarias. Ninguna de estas corporaciones encaja en el relato oficial, con el que se insiste en que el apoyo público se está centrando en las empresas y autónomos más débiles y con menor capacidad de afrontar la actual crisis socioeconómica. ¿Cuál es el engranaje que ha hecho posible el rescate de grandes empresas con un amplio historial de impactos sociales y ambientales?

Un banco público al servicio de las grandes empresas

El paradigma neoliberal desprestigió, hasta hacerla desaparecer, la idea de que pudiera existir una banca pública para satisfacer las necesidades financieras de la población. Pero no ocurrió lo mismo con la financiación para las grandes empresas. Según los gobiernos y sus economistas de cabecera, se necesitan instituciones estatales que concedan créditos con condiciones ventajosas —menores intereses, mayores plazos de devolución, garantías públicas— para compensar “la insuficiencia de soluciones en los mercados privados”. Esta es la razón de ser del principal organismo del que dispone el Estado español para respaldar la actividad empresarial, el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El ICO se presenta como un banco público, creado en 1971 y adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Los créditos y apoyos financieros que ofrece se gestionan habitualmente a través de bancos comerciales como Bankia, BBVA, Caixabank, Santander y Sabadell, entre otros. Con esta colaboración público-privada los bancos obtienen un beneficio, pues se quedan parte del margen que existe entre el interés del crédito que obtienen del ICO y el que fijan ellos en los préstamos que ofrecen a las compañías. El ICO es la institución encargada de gestionar los avales multimillonarios y la compra de pagarés que ha aprobado el Gobierno durante el confinamiento por la covid-19.

En los últimos años ha ido ganando peso el presupuesto del ICO dirigido a favorecer la internacionalización empresarial, que ha crecido de apenas un 4% en 2012 hasta representar más del 50% en 2018. Se siguen así las directrices hegemónicas para “salir de la crisis”, ofreciendo una financiación favorable para la expansión global de las compañías españolas. En los últimos doce años, el ICO ha destinado 11.700 millones de euros para financiar la inversión exterior española; el 65% de estos fondos ha ido a parar a proyectos de grandes empresas.

En los últimos doce años, el ICO ha destinado 11.700 millones de euros para financiar la inversión exterior española; el 65% de estos fondos ha ido a parar a proyectos de grandes empresas. Sin condicionantes socioambientales ni de respeto a los derechos humanos

Disfrutar de todos estos apoyos públicos no tiene condicionantes socioambientales ni procedimientos para responsabilizar a las entidades que violen derechos humanos. Porque el tipo de proyectos financiados de los que se ha podido obtener información, a través de organizaciones sociales y medios de comunicación, no son precisamente inocuos. Por ejemplo, en 2019, el ICO otorgó dos créditos para la construcción de autovías e infraestructuras viales en Colombia donde participa Sacyr: uno de 50 millones de dólares para el consorcio Unión del Sur y otro de 65 millones destinado al proyecto Autopista al Mar. La presencia de Sacyr en Colombia ha sido denunciada por sobrecostes e irregularidades en sus obras. Y ya se están produciendo reclamaciones de las comunidades locales por la posible destrucción de ecosistemas esenciales para su actividad campesina con la construcción de estas infraestructuras.

A qué empresas está apoyando el ICO en la crisis del coronavirus

Los 100.000 millones de euros de avales públicos se han puesto en marcha a través de diferentes tramos, cuatro hasta la fecha. El primero y el tercero han repartido las ayudas a partes iguales entre pymes y autónomos, por un lado, y grandes empresas, por otro. No es fácil conocer las empresas que están siendo agraciadas con estos avales estatales porque el ICO no publica a quién ofrece financiación ni para qué. Hemos podido conocer algunas de las compañías avaladas indagando en sus comunicados y en noticias de prensa, ya que están obligadas a publicar cualquier operación de préstamo relevante. Así es como hemos llegado a las aerolineas Iberia y Vueling, que pertenecen a International Air Group (IAG). IAG es una corporación británica que tiene como principales accionistas a las líneas aereas de Qatar y a diversos fondos de inversión transnacionales.

Cuando el objetivo declarado es apoyar fundamentalmente a pymes y autónomos, cabe preguntarse qué sentido tiene sostener con fondos públicos compañías con accionistas puramente financieros, que cuentan con capacidad sobrada para aportar recursos. Tampoco se entiende el aval del Estado para inyectar dinero a una empresa como Air Europa, que iba a ser comprada por Iberia e iba a pagar a sus dueños, el grupo Globalia, 1.000 millones de euros. La explicación quizás hay que buscarla en las palabras del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que aseguró que iba a hacer todo lo posible para que Iberia tuviera liquidez. Por cierto, la financiación que está ofreciendo ahora el Estado no se dirige únicamente a cubrir necesidades puntuales de dinero a corto plazo, son operaciones que están vigentes durante un periodo de cinco años.

Si los criterios económicos para acceder a la financiación pública son discutibles, los ambientales son inexistentes. Y es que se está rescatando a uno de los principales sectores responsables del cambio climático. En cuanto a la fiscalidad, lo único que se exige es que no tengan la sede social en un paraíso fiscal, pero esto difícilmente puede ser útil para evitar la evasión de impuestos si no hace referencia a la existencia de filiales en esos territorios. Como limitaciones a posteriori se encuentra la de no repartir dividendos durante un tiempo, algo bastante obvio si el objetivo de estas ayudas es paliar necesidades urgentes de liquidez. Paradójicamente, quienes sí imponen criterios son los intermediarios necesarios para la operación: la banca comercial privada. El resultado final es un listado de compañías sostenidas con ayudas públicas, algunas de ellas con una más que cuestionable trayectoria empresarial.

El resultado final es un listado de compañías sostenidas con ayudas públicas, algunas de ellas con una más que cuestionable trayectoria empresarial

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