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Residencias de Mayores: La zona cero del Covid-19

Sociedad
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Hace unos días, la Confederación Vallisoletana de Empresarios lamentaba que los mayores muertos en Residencias, “un colectivo no productivo desde el punto de vista económico”, retrasara el pase a la Fase 1 de Castilla y León y, por consiguiente, perjudicara a sus negocios.

Diciéndolo en lenguaje crudo: que se mueran los viejos, que nosotros tenemos que seguir ganando dinero. La patronal de Valladolid ha resumido en pocas palabras lo que viene siendo la práctica habitual en las residencias de mayores en el Estado español: los beneficios por encima del cuidado de la gente mayor. Aunque el fenómeno de privatización de los geriátricos no escapa a ninguno de los países desarrollados, la situación aquí tiene características propias que hacían que el problema fuera una bomba de relojería que el Covid-19 ha terminado por hacer estallar.

España es un país que envejece a un ritmo acelerado y en la actualidad hay 8.764.204 personas de 65 años o más. En la década de 2010 a 2019 se ha incrementado en un millón la población mayor de 65 años, mientras solo hay 12.263 plazas residenciales más. Es decir, tenemos escasez de oferta y mucha demanda. Terreno abonado para que los fondos buitre hayan hecho de este sector uno de los pastos preferidos para su negocio. De un total de 5417 residencias de mayores en España, 3884 son privadas y solo 1773 públicas, aunque en realidad son muchas menos, pues en este dato se incluyen las plazas concertadas en centros privados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra en 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años la ratio mínima que debe existir, pero aquí, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, estamos en 4,21Las necesidades actuales para cubrir la demanda actual de personas mayores son de 70.000 plazas. A fecha de diciembre de 2019, había 113.275 personas mayores en lista de espera en los grados II y III de dependencia (los más altos). Según un informe de 2018 elaborado por la Consultora Internacional Creb, La media europea se sitúa en 4,6 camas por 100.000 habitantes. Suecia tiene 6,96 camas, Francia 5,51. Alemania 5,31, Reino Unido 5 y, en el otro extremo, tenemos a Italia con 1,85.

Dentro del Estado español encontramos muchas desigualdades entre Comunidades Autónomas. Castilla y León y Castilla la Mancha llegan a la ratio de 5 solo contando con la disponibilidad pública. Otras tres Comunidades Autónomas alcanzan el objetivo de 5 plazas por 100 habitantes mayores de 65 años: Extremadura, Asturias y Aragón, pero en estas dos últimas, igual que en la Comunidad de Madrid, hay muchas más residencias privadas que públicas. En el otro extremo los principales déficits se dan en Andalucía donde harían falta 27.981 plazas, Comunitat Valenciana (20.844), Galicia (14.858), Región de Murcia (8.364), Catalunya (8.038), Comunidad de Madrid (7.479), Canarias (7.364) y País Vasco (6.063).

Las ratios del personal que trabaja en las Residencias son uno de los más graves problemas de estos centros. Las condiciones laborales en el sector de la dependencia son tan precarias que ya cuesta encontrar profesionales para cubrir todos los puestos en residencias, sean privadas, concertadas o públicas. Si no se modifican esas condiciones se agravará, lo que ya está sucediendo en algunas Comunidades Autónomas, donde no se encuentran profesionales dispuestos a hacer este trabajo por las condiciones penosas en las que se presta y los bajos salarios. También existe una alta feminización del sector con cargas de trabajo desproporcionadas e inadmisibles.

En España hay 0,06 enfermeras/os por cada cama de residencias de mayores privadas y públicas, lo que se traduce en una media de 109 pacientes a cargo de cada profesional. En Madrid esa ratio sube a 261, en Castilla y León a 225 y en Extremadura a 204. El caso de las Tecnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) es aún peor, pues realizan muchas funciones que en teoría están encomendadas a las labores de enfermería pero con salarios más bajos y sumadas a otras tareas como levantar, lavar, asear, limpiar y dar de comer ancianos en situación de dependencia. Los ratios de personal en este sector están en torno a 1 TCAE por cada 12 residentes pero la mayoría de las veces se llevan a ratios de 1 por cada 20. El salario base de una TCAE es de 600 euros, y con los complementos puede llegar a 900 euros. Una auténtica miseria para el tipo de trabajo que desarrollan.

Ante la necesidad social de contar con más plazas residenciales, una tasa de privatización del 75% a escala estatal (la Comunidad de Madrid llega al 88%) y un sector casi completamente desregulado y con salarios de miseria, los fondos buitre vieron una inmejorable oportunidad de negocio. Ante la falta de oferta pública, los cinco primeros grupos DomusVi, Orpea, Amavir, Vitalia Home y Ballesol alcanzan la cuarta parte del total del mercado, pero sus tentáculos cada vez llegan más lejos. Para construir nuevos centros residenciales, han creado Socimi (Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, figura jurídica que goza de importantes beneficios fiscales, como la exención del Impuesto de Sociedades). Ejemplos de esto lo tenemos en la Creación de Healthcare Activos, que surge de la unión del fondo español Altamar con Healthcare Activos, controlada por Oakta, la firma de capital riesgo que más dinero mueve en todo el mundo. También está el caso de Adriano Care, Socimi especializada del Grupo Azora, Banca March, Indosuez. Recordemos que el Grupo Azora fue el responsable de la compra de viviendas públicas del Ayuntamiento de Madrid a precio de saldo para luego revenderlas, con los inquilinos dentro, y cuya venta fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo.

La distribución de los principales Fondos con presencia en España es la siguiente:

· DomusVi: el primero de la lista en España, controla 140 residencias y unas 20.000 camas gracias a la compra de Geriatros y SARQuavitae. DomusVi (2014-2017) fue controlado por el fondo francés P.A.I. Partners (beneficios antes de impuestos: 160%). Ahora DomusVi es propiedad del fondo buitre Británico I.C.G. y el francés S.R.S., vehículo de inversión de Yves Journel fundador de DomusVi.

· Orpea: filial del grupo francés del mismo nombre. Adquirió Atrevida, Sanyres y Ecoplar y es el segundo gran operador en España y primero en Madrid con 50 residencias y 8.000 camas

· Amavir: 43 residencias, 8.000 plazas, fusión de Amma y Adavir, parte del grupo francés Maisons de Famile controlado por el fondo buitre de inversión Creadev. Su propietario es la Asociación Familiar Mulliez, macrosociedad francesa que tiene en su cartera Decathlon, Leroy Merlín o Alcampo.

· Vitalia Home: 40 residencias y 6.600 plazas controlada por la cartera británica C.V.C. Compró la mayoría de acciones a Portobello (sigue de forma minoritaria presente). Inversión de 141 millones de euros para aumentar su cuota de mercado en los próximos años.

· Ballesol 48 residencias, 4.700 camas participada mayoritariamente por Santa Lucía, en menor medida apuestan por la ampliación de camas, han abierto dos centros nuevos (2019) de obra nueva.

Los fondos de inversión franceses (fondos buitre) están en España por la ventaja comparativa que ofrece la legislación española. En Francia no pueden crecer más y optan por expandirse a otros países para engordar beneficios. Antes de la crisis del Covid-19 se esperaba que en este año (2020) las SOCIMIS inviertieran 4.850 millones de euros en el sector geriátrico.

Frente a esta selva dominada por buitres desde hace ya años, en la pasada legislatura en el Parlamento madrileño intenté desarrollar un trabajo de denuncia y de apoyo a la autoorganización de familiares y trabajadoras del sector. Fruto de esta colaboración, propusimos una Ley de Residencias que ayudara a regular el funcionamiento de estos centros y estableciera unos ratios de personal dignos. El PP se opuso desde el primer momento, Ciudadanos fue dejando pasar la Ley hasta que en el último momento se opuso a ella y el PSOE se abstuvo. Todo eran buenas palabras pero hubo una presión decisiva: las dos patronales de residencias se reunieron con todos los Grupos Parlamentarios (menos con el de Podemos, donde me encuadraba yo en ese momento) para advertirles que aprobar esa Ley supondría la ruina para sus negocios por la obligación que establecía tanto para los centros públicos como para los privados de aumentar sus ratios de personal de atención directa. Fue una oportunidad perdida para meter una pica en Flandes, pero los que se forraban con el cuidado de los mayores se emplearon a fondo para impedirlo. Esto fue hace apenas un año. Hoy conocemos las consecuencias y responsabilidades tanto de esas empresas como de los partidos políticos que miraron para otro lado cuando pudieron ayudar a mejorar algo la realidad de unas residencias donde la precariedad era ya palpable mucho antes de que llegara el Coronavirus. Afortunadamente, los familiares y trabajadoras no se cansaron de pelear y hemos visto cómo en lugares como Euskadi el sindicato ELA ha mantenido huelgas en residencias durante más de un año tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa, y cómo en Madrid la Marea de Residencias sacó a la calle el pasado 23 de noviembre a miles de personas y ahora prosigue su pelea con la presentación de una querella criminal por la muerte de ancianos en residencias contra la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su Consejero de Sanidad y los directores de 10 geriátricos privados y públicos. En España han muerto ya 18.300 personas mayores en Residencias con Coronavirus, de ellos casi 6000 en la Comunidad de Madrid. Habíamos advertido de lo peligroso que era tener estos centros en estas condiciones, pero el PP se mofaba de nosotros. A la vista están las consecuencias de tamaña irresponsabilidad; la Zona Cero de esta crisis tiene nombre y apellidos: residencias de personas mayores.

16/05/2020

Raúl Camargo, militante de Anticapitalistas. Fue Diputado en la Asamblea de Madrid entre 2015 y 2019 y presentó una Proposición de Ley de Residencias.

 

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