La sentencia contra Isa Serra, dirigente de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, ha provocado un intenso debate en el país. Mientras algunos apoyan la condena, otros denuncian que se pretende criminalizar las luchas sociales.
Isa Serra es una reconocida dirigente política española que con tan solo 30 años lleva un intenso activismo político y social en su país.
Actualmente es diputada por Podemos en la Asamblea de Madrid, cargo al que llegó después de varios años de militancia en diversas organizaciones sociales. Los derechos de las mujeres y el derecho a una vivienda digna han sido las principales causas que ha defendido.
El pasado 22 de abril fue condenada a 19 meses de prisión, a una multa de 2.400 euros y a una inhabilitación política. La acusan de haber agredido a unos agentes de policía en 2014 cuando se intentaba frenar el desahucio de una persona con discapacidad en el barrio Lavapiés, en Madrid. Serra insiste en que esta acusación es falsa y que la sentencia en su contra tiene intenciones políticas.
Desde su residencia, y con apenas un mes y medio de haber dado a luz a su primer hijo, Isa Serra conversa con Sputnik sobre esta sentencia que califica de "injusta y desproporcionada".
—En una entrevista que le hicimos el pasado 18 de febrero nos decía que "falta mucho para que la justicia en España sirva a los intereses de la mayoría". ¿Era previsible esta sentencia en su contra? ¿Cómo la asumió?
—Me confirmo en esa idea que os trasmití aquella vez. La justicia en España es el poder del Estado que más resistencia ha puesto a la transición democrática en este país.
Esta sentencia demuestra que en este país los corruptos a veces no son ni siquiera juzgados y las personas que estamos defendiendo el derecho a la vivienda, que nos manifestamos frente a un desahucio, somos condenadas.
Sobre si me esperaba esta sentencia, pues evidentemente no tenía mucha confianza, pero el hecho de que este juicio tuviera un foco público, mediático, me podía hacer pensar que iban a tener más reparos en excederse respecto a su obligación democrática de hacer una sentencia justa. Pero, lo que hemos comprobado es que en lugar de tener más garantías por ser un juicio más público, ha sido todo lo contrario: aleccionador, ejemplarizante.
—¿Cuáles son las principales irregularidades que ustedes encuentran en la sentencia?
—En la sentencia hay tres cuestiones fundamentales:
Primero: se basa, únicamente, en la declaración de tres policías, no de todos los policías que en su día me denunciaron, porque muchos de ellos no me reconocían y no me quisieron culpar, sino que se basaron solo en estos tres testimonios y se asume como una declaración absolutamente verdadera contra mi presunción de inocencia.
Segundo: se rechazan todas las pruebas documentales. La policía no aportó ninguna prueba documental. Nosotros presentamos 115 vídeos y cientos de fotos, imágenes que muestran desde el inicio hasta el final de ese desahucio y donde se ve directamente a las personas que sí que pueden estar agrediendo a la policía. Son imágenes muy claras. Pero las rechazan diciendo que eran demasiadas.
Luego, en la sentencia, en una forma perversa, se dice que esas pruebas se rechazan porque no son suficientes y no muestran todo lo que sucede en ese desahucio. Es decir, para ese juez, solamente valdría una prueba documental si yo llevase encima una cámara 3D durante todo el desahucio.
Tercero: Se aplica la doctrina "masa de acoso" que es una doctrina que en este país solo se había aplicado para peleas callejeras o linchamientos. Se utiliza en algunas situaciones, como por ejemplo, cuando en peleas de grupo se agrede a una persona y al no poderse determinar cuál de todas ellas pudo haber dado una patada o provocado la lesión a la víctima, se le acusa de estar colaborando en ese grupo que agredió a determinada persona.
Esto, que solo se ha utilizado para peleas callejeras, se me aplica a mi. Aunque ellos no hayan podido determinar que yo, supuestamente, tiré unos objetos a la policía, les da igual, me culpan de lesiones y me condenan. Me hacen responsable de todo lo que pasó en ese desahucio y así lo explica la sentencia. La sentencia es muy clara: "aunque no se pueda probar que ella es responsable de esos efectos, ella es colaboradora y, por tanto, responsable".