banner censura diariocolmenar

La atención primaria en la Comunidad de Madrid: crónica de una muerte anunciada

Nueva Tribuna

Salud
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

La Comunidad de Madrid a través de sus sucesivos gobiernos ultraliberales se convirtió en un gran mercado de negocio sanitario para el sector privado.

Quienes hace dos décadas denunciábamos entonces cuál sería el porvenir del servicio sanitario público madrileño (privatización y demolición progresiva, más acusada incluso en la Atención Primaria), si se producía la permanencia en el poder del Partido Popular y su política sanitaria neoliberal privatizadora, no podemos decir que nos pillara de sorpresa ninguna de las medidas que en ese sentido fueron poniendo en marcha los sucesivos gobiernos autonómicos madrileños.

Durante una buena parte de este largo periodo, esa política contraria al mantenimiento de un servicio sanitario público de calidad y dotado de los recursos necesarios, no pareció despertar desasosiego e inquietud en una mayoría de profesionales sanitarios, tampoco en buena parte de sociedades científicas y profesionales y asimismo en un buen número de medios especializados. Parecía que la propaganda gubernamental les convencía de las bondades de su política sanitaria; basta recurrir a la hemeroteca de aquellos años para corroborar lo hasta aquí expuesto.

La Comunidad de Madrid a través de sus sucesivos gobiernos ultraliberales se convirtió en un gran mercado de negocio sanitario para el sector privado, tal como afirmó en público el entonces consejero de Sanidad y posteriormente persona imputada por la presunta comisión de graves delitos, el Sr. Güemes.

Desmantelamiento progresivo de centros sanitarios públicos, sobrecostes escandalosos, despilfarros obscenos, irregularidades reiteradas en las contrataciones y casos de corrupción jalonaron todo el proceso que ha llevado al servicio sanitario público madrileño al estado tan depauperado en que se encuentra hoy.

Se hace necesaria una reacción contundente de los ciudadanos madrileños, también de aquellos que se han visto obligados a contratar una póliza de seguro privada

Quienes aún defienden hoy la gestión sanitaria de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, pueden intentar minimizar los graves daños producidos en la sanidad pública madrileña manifestando que el deterioro se produce también en el conjunto del Estado, más siendo esto cierto lo es asimismo que los niveles de deterioro y debilidad del servicio sanitario público madrileño, no son equiparables a los de ninguna otra autonomía; cuestión aún más grave si tenemos en cuenta que la Comunidad de Madrid es una de las más ricas de España y es la que menos euros por habitante coloca en sus presupuestos para sanidad.

La crisis financiera de 2008 y la puesta en marcha de la política austericida por parte de la Unión Europea, significó la aplicación de una política muy dura de recortes que tuvieron mayor impacto en los sectores sociales más débiles y los servicios públicos esenciales incluidos los sanitarios.

En este sentido hay que recordar que los gobiernos presididos por el Sr. Rajoy fueron los más agresivos en aplicar la política impuesta por la entonces canciller alemana Angela Merkel, y asimismo la Comunidad de Madrid fue el territorio del Estado donde se aplicaron los recortes con mayor dureza debilitando de forma muy intensa al Servicio Madrileño de Salud.

La llegada en 2019 a la Presidencia de la Comunidad de la Sra. Díaz Ayuso gracias a la imprescindible ayuda del partido Ciudadanos (hoy sin representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid), junto a la incorporación a su gobierno del ultraliberal Sr. Fernández Lasquetty (un privatizador sanitario reconocido)como Consejero de Hacienda, hacía presagiar que un nuevo ataque frontal a la sanidad pública madrileña se iba a llevar a cabo.

La irrupción de la pandemia puso claramente de manifiesto no sólo la extrema debilidad del servicio sanitario público madrileño sino también el papel que el gobierno Ayuso concedía a la Atención Primaria. A pesar de la opinión de una amplia mayoría de expertos indicando el papel fundamental que la Atención Primaria desempeña en situaciones de crisis sanitarias pandémicas, la Consejería de Sanidad cerró todos los servicios de urgencias de Atención Primaria (SUAP´s) que aún permanecen cerrados en la actualidad y descapitalizó aún más los recursos humanos de los Centros de Salud.

La cuantiosa cantidad de millones de euros llegados desde el Gobierno de España a través de los fondos COVID, no parece se hayan dedicado a fortalecer la Atención Primaria ni las estructuras de Salud Pública; muchos Centros de Salud han permanecido, mes tras mes, con plantillas diezmadas, con demoras en la asistencia cada vez mayores y con consultas médicas presenciales aún escasas.

Persistiendo en la antigua y nefasta política sanitaria de los gobiernos del P.P madrileño, una parte importante de recursos económicos se han dedicado, por un lado, a obras que no se justificaban desde un mínimo rigor de planificación sanitaria, como el hospital- almacén Isabel Zendal, cuya construcción ha generado, una vez más, la aparición de sobrecostes excesivos y contratos millonarios otorgados en una proporción altísima por el procedimiento de emergencia. Al mismo tiempo se seguía derivando dinero público al sector privado en aras a la declarada, pero nunca probada, bondad de la colaboración público-privada.

Numerosos profesionales que a la irrupción de la pandemia y con la Comunidad de Madrid como epicentro de la misma, acudieron desde diversos territorios del Estado para ser contratados, no fueron retenidos por la Consejería de Sanidad cuando concluyeron sus contratos, sino que tuvieron que marcharse al no ser prorrogada su relación contractual.

Se hacía evidente día a día que el futuro inmediato se presentaba muy oscuro para la Atención Primaria madrileña. Se veía venir su agonía.

Hace unos días hemos conocido un documento de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) cuyo título "PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE LA AUSENCIA DE MÉDICO DE FAMILIA EN UN CENTRO DE SALUD" supone de forma nítida admitir la incapacidad del máximo responsable de esa Gerencia para garantizar el derecho que todo ciudadano tiene de ser atendido por su médico de familia.

Si desde hace muchos meses se ha ido incrementando el número de ciudadanos que no tenían médico de familia asignado, lo que ahora anticipa ese documento de la Gerencia de Atención Primaria es que podrá haber Centros de Salud que no dispongan de médicos de familia e incluso pediatras de atención primaria; ello es de una gravedad extrema y significa que la Consejería de Sanidad se supera aún más en su gestión ineficiente y desastrosa que hemos denunciado en otras ocasiones.

s necesario realizar una serie de preguntas y alguna reflexión. Veamos:

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO SANITARIO PÚBLICO MADRILEÑO?

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE PROPORCIONAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR UN SERVICIO DE SALUD DE CALIDAD EN LA COMUNIDAD DE MADRID?

¿QUIÉN O QUIÉNES TIENEN QUE ASUMIR RESPONSABILIDADES CUANDO SU GESTIÓN POLÍTICA NO CONSIGUE GARANTIZAR LOS NIVELES DE ATENCIÓN Y CALIDAD EXIGIBLES EN EL SISTEMA SANITARIO MADRILEÑO?

La respuesta es la misma para las tres cuestiones planteadas: ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE LOS RESPONSABLES POLÍTICOS DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Es evidente que el Sistema Nacional de Salud en su conjunto está debilitado y por ello se hace imprescindible abordar cambios importantes para evitar su desmoronamiento. No es este artículo de opinión el lugar idóneo para desarrollar un tema tan complejo, pero sí me atrevo a esbozar mínimamente alguna cuestión al respecto.

Se hace imprescindible, en mi opinión, que se exprese de forma clara y contundente desde todas las Administraciones Públicas y fundamentalmente desde el Gobierno de España que el fortalecimiento de nuestro Sistema Nacional de Salud es una prioridad absoluta; que los centros sanitarios públicos tienen que seguir siendo la referencia de calidad de la sanidad española. Para ello se hace necesario incrementar la financiación para los servicios sanitarios.

Quedando claro lo anterior, el Ministerio de Sanidad como responsable de la coordinación general sanitaria como marca nuestra Constitución, debe asumir un liderazgo claro en el establecimiento de directrices y estrategias que lleven al mejor desarrollo de nuestro sistema sanitario; teniendo en cuenta la arquitectura del Estado. Ese liderazgo deberá ejercerse en el marco de una cogobernanza con las comunidades autónomas, lo que exige una plena lealtad institucional que no siempre se ha dado.

Para concluir manifiesto que a mi entender se hace necesaria una reacción contundente de los ciudadanos madrileños, de todos, también de aquellos que se han visto en muchos casos obligados a contratar una póliza de seguro privada sanitaria por el lógico desasosiego que produce una demora exagerada para ser atendido de un problema de salud.

Esa reacción contundente pasa por defender pacíficamente, pero con enorme firmeza, nuestro derecho a la protección de nuestra salud y a una asistencia sanitaria pública de calidad. No podemos seguir callados. Basta ya.

FUENTES:  La Nueva Tribuna

Publicidad
Publicidad