La pandemia ha demostrado cómo de importantes han sido los recortes en gasto sanitario, plantillas, atención primaria y salud pública en la Comunidad de Madrid.
La pandemia del SARS-CoV-2 ha desatado una crisis sanitaria que ha puesto de manifiesto la situación por la que estaban atravesando los sistemas sanitarios públicos, sobre todo en los países occidentales. Italia, Reino Unido, Francia o el Estado español han sido buena prueba de ello.
Desde la década de los ochenta y la contrarrevolución neoliberal, se fueron extendiendo políticas que preconizaban menos Estado y más mercado, incrementándose la penetración del sector privado en los servicios públicos. En la Unión Europea, desde el Tratado de Maastricht, los Estados miembro fueron adaptando legislaciones y normativas para que esto fuese una realidad.
En el Estado español se dieron los pasos necesarios en la misma dirección a partir del Informe Abril (1991), cuyas recomendaciones pretendían fragmentar los servicios de salud, incrementar la competencia y la libre elección de profesional y centro sanitario. Con la Ley 15/1997 se avanzó en el camino de privatizar servicios, centros y hospitales. Hoy, existe toda una normativa que abunda en el mismo sentido, como la que permite recurrir a la colaboración público-privada para la construcción de infraestructuras sanitarias.
Así, incluso en los años más duros de políticas de ajuste después de la crisis del 2008, se pudieron construir hospitales mediante esta fórmula sin que las administraciones públicas incurriesen en déficit, según obligaba el Plan de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Sin embargo, sí incide en un incremento de la deuda de las administraciones públicas.
Quizás el cambio legislativo más negativo en cuanto a recortes de gasto público y que a su vez alentó a proseguir por el camino de las privatizaciones fue el que sufrió el artículo 135 de la Constitución Española, cuya nueva redacción, en 2011, prioriza el pago de la deuda frente a la inversión pública.
Aunque no todas las comunidades autónomas siguieron la misma política sanitaria, sí recurrieron en mayor o menor medida a las privatizaciones tanto gobiernos del PSOE, del PP, como nacionalistas. De tal forma que si analizamos por ejemplo los fondos públicos que se trasfieren al sector sanitario privado debido a la realización de conciertos, las cantidades, según lo publicado por el Ministerio de Sanidad en el año 2018, oscilan entre el 26% de Cataluña al 3,5 % de Cantabria, pasando por el 10% de la Comunidad de Madrid o el 4,2% de Andalucía.
La Comunidad de Madrid supone un ejemplo paradigmático en el que un gobierno del PP que lleva 25 años en el poder ha recurrido a diversos mecanismos para introducir el mercado, y además ha recortado en sectores sanitarios estratégicos como luego se describe. Todo ello no ha evitado que su deuda crezca de manera importante como pone de manifiesto el gráfico 1.
