El informe de Justicia Alimentaria “El poder en la sombra. Apuntes sobre el lobby cárnico” desenmascara la forma de actuar de esta industria para anteponer sus intereses a los de salud pública.
La alimentación insana y sus enfermedades asociadas representan, hoy en día, un enorme problema de salud en el Estado español. En las últimas décadas nuestro patrón alimentario se ha deteriorado, y actualmente la alimentación insana es el factor que explica buena parte de las principales enfermedades y muertes en nuestro país, como son las derivadas de las dolencias cardiovasculares, la diabetes o algunos cánceres. Así, por cada día de salud que perdemos a causa del tabaco, perdemos 5 a causa de la alimentación insana y por cada día perdido a causa del alcohol, perdemos 9 por alimentación insana. La magnitud de la tragedia se visualiza también en el coste monetario directo que tiene el tratamiento de las enfermedades asociadas a la alimentación insana: uno de cada cinco euros del presupuesto de sanidad en nuestro país se dedica a tratar los efectos en la salud de la alimentación insana.
Bien, pues dentro de la categoría «riesgo alimentario», el más importante es el cárnico, por el exceso de consumo de carnes procesadas y rojas. En concreto, el 60% de toda la salud perdida por culpa de una alimentación insana se puede atribuir al consumo excesivo de carnes, así observamos que el 28-38% de las enfermedades isquémicas y cardiovasculares pueden atribuirse al consumo excesivo de carne. Lo mismo para el 17 % de la hipertensión, el 18% de la diabetes o el 28% de los cánceres colorrectales.
Los datos sobre consumo son arrolladores: se come mucha carne. En concreto, se come seis veces más carne de la necesaria, pero, además, se come diez veces más carne roja de la recomendada y ocho veces más de la procesada. Con respecto a la población infantil del Estado, come entre 3,5 y 4 veces más carne que el máximo recomendado; 3,5 veces más carne roja y entre el doble y el triple de procesada, con las consecuencias de salud que esto implica para la población infantil y adulta.
Lo curioso del tratamiento político de este riesgo sanitario, y que lo diferencia de otros como del tabaco y del alcohol, es la total ausencia de políticas públicas que afronten el problema de manera real y directa en la dirección de disminuir su consumo.
El misterio es cómo se ha logrado que hasta la fecha el exceso de consumo de carne no se haya percibido socialmente como algo que puede afectar negativamente a nuestra salud y aunque a nivel académico ya está claro que las carnes rojas y las procesadas se sitúan en el mismo nivel que productos como los refrescos.
Y el truco no es otro que el enorme poder que detenta la industria cárnica, y en concreto en el Estado español. Este poder es inmenso lo que significa que los intereses que están en juego son proporcionales a su magnitud. El Estado español es el tercer país del mundo productor de porcino (solamente por detrás de China y Estados Unidos) y dentro de la Unión Europea, desde 2015 supera a Alemania. Ahora bien, existe una diferencia muy significativa entre ambos: Alemania lleva años bajando su censo, mientras que en el Estado aumenta. Alemania se está planteando medidas para paliar la situación (con impuestos cárnicos, por ejemplo), mientras que en el Estado español se favorece a la industria todo lo que se puede a través de ayudas públicas y legislación blanda.
