LA DEUDA, UNA NUEVA FORMA DE ESCLAVITUD. POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO DE LA DEUDA
1.- Con esta crisis GLOBAL hemos entrado en un período caracterizado por la globalización de la pobreza; la pobreza llega a todos los sectores de la población: trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, por cuenta propia, migrantes, y pequeños empresarios.
A su vez, como sucede en todas las crisis del capitalismo sus efectos más notables llevarán a una enorme centralización y concentración de la riqueza que hará más poderosos a los poderosos, y más desamparados a los humildes.
El virus y pobreza, son las dos caras de la misma moneda transformada en una plaga que arrasa a toda velocidad la salud y el bienestar, y altera todas las estructuras educativas, sanitarias y económicas que hasta hace unas semanas conformaban nuestro mundo.
La tempestad generada por el virus ha destrozado buena parte de los caminos por los que transitaban las empresas y los hogares de nuestra sociedad, y su arreglo va a suponer un endeudamiento masivo del Estado.
2.- En Extremadura, si no se produce una actuación potente del Estado y un cambio de planes políticos de la Administración Autonómica, va a ser muy difícil que salgamos de esta parálisis brutal. La caída al vacío de las actividades económicas, están produciendo la ruina de muchas empresas y de trabajadores autónomos, y el hambre que ya se ve venir en muchas familias que se hunden en el agujero negro de la miseria y de la exclusión social.
Nuestra Comunidad Autónoma por su debilidad económica productiva, su dependencia de las ayudas estatales y con unos porcentajes en economía sumergida superiores a la media nacional que rondan el 25% va a necesitar muchas ayudas del Estado para recuperar mínimamente el débil tejido productivo anterior a la pandemia.
Además, la Administración Autonómica necesita tomar medidas políticas, económicas y sociales que beneficien a la población en materia de empleo y servicios públicos, recuperando servicios externalizados en los diferentes ámbitos competenciales de la administración.
En el campo, pensamos que es necesario la movilización de la clase obrera agrícola para evitar la eliminación de salarios y recorte de derechos laborales que están a la vista, y que se están facilitando desde la Junta de Extremadura y desde el gobierno de coalición, lo más reciente, la aprobación del decreto en el que se moviliza a todo un ejército de reserva para las tareas agrícolas.
En esta ocasión, no son explícitas reformas laborales como las realizadas por el PP y el PSOE en años pasados, se aprueban normas de choque con la justificación de que son necesarias para hacer frente a las actuales circunstancias económicas y sociales, para “no dejar a nadie atrás”.
Tampoco el panorama es positivo para los pequeños y medianos agricultores. Lo que se vislumbra es que las grandes superficies y las grandes distribuidoras e intermediarios siguen controlando, manipulando y especulando con los precios de los productos agrícolas, tal y como estamos viendo en estas semanas del estado de alarma. No se cumplen las normas aprobadas recientemente por el gobierno referentes a que los precios de compra nunca deben ser inferiores a los costes de producción, y en general, lo relativo a la cadena alimentaria.
Así las cosas, no hay duda de que muchos productores arrancarán sus árboles frutales y abandonarán sus producciones, pero no por culpa de los salarios que tengan que pagar a la clase trabajadora sino porque los Monopolios y los grandes intermediares los arruinan con los precios que imponen a los productos agrícolas.
Tal y como hemos podido comprobar en campañas anteriores, los dueños de las centrales hortofrutícolas procuran hacer responsables de la ruina del campo y del arranque de los árboles frutales a los jornaleros y jornaleras. Mientras consienten y contribuyen al actual estado de cosas en connivencia con los intermediarios que procuran los precios para los productos agrícolas siguen acumulando patrimonio y se enriquecen a costa de los campesinos y de la clase obrera.
La comprobación más palpable de todo este proceso acumulativo, es como la tierra que abandonan los pequeños agricultores va cayendo en manos de un grupo socialmente muy minoritario que suele coincidir con personas ligadas a la propiedad de las centrales hortofrutícolas, por cierto, muy amigos de nuestros dirigentes regionales que frecuentemente felicitan y premian su actitud explotadora.
Quienes trabajan la tierra, la clase campesina y la clase obrera, tienen los mismos intereses económicos y sociales, si no sobreviven unos tampoco sobreviven los otros. En el campo, es necesario la unidad de estos sectores sociales; es el único camino para conseguir que la riqueza que se produce en nuestras tierras se quede en Extremadura.
El enfrentamiento entre unos y otros es lo que quieren los grandes patronos agrícolas y los dueños de las centrales hortofrutícolas que amparados por el gobierno y la Junta de Extremadura buscan la división de las clases trabajadoras para beneficiar la extracción de la riqueza del pueblo trabajador extremeño por los grandes patrones agrícolas, las grandes superficies, los intermediarios y las grandes comercializadoras.
El conflicto agrario extremeño al igual que el atraso económico de Extremadura tiene una relación directa con la lucha de clases que históricamente se ha librado y se libra a nivel nacional mientras siga su curso existencial el capitalismo. El hecho de que nuestra Comunidad forme parte del furgón de cola de la sociedad española, y sea un claro ejemplo las desigualdades territoriales que se arrastran en nuestro país, es una de las consecuencias de los intereses de la burguesía nacional, que a fin de cuentas nos sigue considerando como una reserva de mano de obra y de materias primas. El futuro de Extremadura tiene una relación y una dependencia directa con la salida de clase que se dé a todo este proceso de crisis global.
El núcleo de las transformaciones necesarias es la Reforma Agraria Integral que ponga en valor todas las potencialidades productivas de la tierra extremeña, así como la recuperación del valor de todo lo público par lo cual la Junta de Extremadura tiene que acabar con las privatizaciones en la educación, sanidad y otros servicios públicos.
3.- La sociedad española para superar las enormes dificultades y saltar las barreras que le permitan caminar hacia el progreso y bienestar es mediante una serie de transformaciones políticas y económicas que ataquen las estructuras de poder. La eliminación de la Monarquía y la suspensión del pago de la deuda, son los dos elementos determinantes que pueden abrir un horizonte de futuro esperanzador.
El gobierno español busca financiación para hacer frente al incremento colosal de la deuda solicitando el amparo solidario de Europa, del BCE y de la Comisión Europea, y en organismos internaciones como el FMI. Las reticencias a aplicar la solidaridad de los países nórdicos, con el gobierno de Pedro Sánchez, nos está poniendo las cosas difíciles. Las exigencias en la reducción de gastos inútiles y suntuarios, parece ser que es una exigencia de la Unión Europea, así como la reducción de los casi 500.000 políticos que viven bajo el paraguas y al amparo del Estado. Por otro lado, la recaudación fiscal está bajo mínimos al caer las actividades productivas de bienes y servicios. En resumen, estamos a merced y bajo el poder de los grandes acreedores, de los fondos de inversión que en buena medida son realmente los dueños de la deuda del Estado, y del propio Estado.
El Estado Español tiene que eliminar de sus presupuestos toda una serie de gastos inútiles y suntuarios que le ahogan y asfixian y le impiden mejorar la calidad de los servicios públicos y las inversiones productivas. La urgencia de acabar con los gastos militares y las subvenciones a la Iglesia deben ir acompañados de un incremento de la lucha contra el fraude fiscal, así como la eliminación de las exenciones y bonificaciones, y la puesta al día de los impuestos de los grandes propietarios, empresas y banqueros.
La única solución para enfrentar a todo este desmoronamiento económico y social es como hemos dicho la necesaria liberación de todos los recursos financieros suspendiendo el pago de la deuda pública y los gastos militares, interviniendo los capitales ilegales y estableciendo el impuesto necesario sobre los grandes capitales, acabando con la financiación por el Estado de los grandes bancos y empresas.
La cuestión de la deuda pública y la suspensión de la misma ya estaba presente en la situación política y económica de numerosos países antes de la pandemia, como fue el caso de la Asamblea Nacional de Ecuador, de Argentina y de los Estados de África Central, entre otros. La Conferencia de las Naciones Unidad para el Comercio y el Desarrollo recomendaba recientemente a los países endeudados que deberían poner en cuestión el pago de sus deudas, y que no corresponde a los bancos acreedores decidir si los países tienen o no derecho a suspender el pago de sus deudas.
Los primeros efectos dramáticos y catastróficos aconsejan la inmediata suspensión de pagos para acabar con la esclavitud, entendiendo que la deuda se ha convertido en una nueva forma de esclavitud para los trabajadores y los pueblos del mundo.
El gobierno de coalición debiera de tener la valentía necesaria para plantarse ante los acreedores y abordar esta exigencia, que se transforma en una causa de fuerza mayor como es la satisfacción de las necesidades vitales que en estos momentos tienen millones de españoles.
