Al trantrán de la polémica de los indultos, un consejero autonómico ha afirmado sin pudor: “… La línea entre la arbitrariedad y la prevaricación es difusa".
Esta aseveración por sí sola debería avergonzar a una clase política que permite que muchas decisiones administrativas relacionadas con la contratación y la actividad pública se resuelvan digitalmente, a dedo, como siempre, o mediante la aplicación de algoritmos sesgados a favor de familiares, amigos, correligionarios, o socios; y al mismo tiempo en contra de los que disienten, critican, o simplemente ejercen actividades empresariales contrarias a las de los benefactores y financistas del decisor político.
Por otro lado, y como si de otro fenómeno distinto se tratara, un periódico digital de alcance nacional entendió que la actuación del presidente de una importante empresa resultaba del mayor interés para sus lectores, tanto por la gravedad del asunto como por las consecuencias para accionistas y empleados. Por hacerlo, el directivo señalado dio instrucciones para que se retirase toda inversión publicitaria y se evitase con ese diario cualquier tipo de colaboración. La represalia mediante la supresión completa de la publicidad y el suministro de noticias tiene mucho que ver con la imputación judicial de ese presidente y de esa empresa, ya que permite apreciar cómo puede ser delito si se destinan a usos personales los recursos de la organización en vez de al servicio de accionistas y demás agentes de interés de la compañía mediante decisiones arbitrarias, injustificables o injustificadas.
Cuando esas decisiones arbitrarias se trasladan a la esfera política o pública, el fenómeno raya con la prevaricación. No es necesario que haya enriquecimiento, aunque esos políticos insistan en que ellos no reciben beneficio directo. Basta con que se obvie o interprete la norma sesgadamente. El enriquecimiento ilícito asociado a la prevaricación es el cohecho, que merece su propio espacio.
Más allá, la libertad de prensa es una herramienta de cohesión democrática y social que permite difundir ideas y valores diversos alejando la maldición de una estructura uniforme y homogénea que ahoga la innovación y el desarrollo. El bloqueo institucional público o privado a los medios de comunicación no solo intenta expulsar la conciencia del grupo humano más allá de las zonas conflictivas donde la “fuerza viva” se siente amenazada, creando corrientes de opinión manipuladas, y por tanto falsas y peligrosas, para distraer a los efectivamente afectados y que las víctimas no se percaten de los riesgos presentes y futuros. Además, entorpece los desarrollos económicos que solo una sociedad diversa y extensa es capaz de generar y que encuentra en sus diferencias los “genes” adecuados para superar las dificultades y contingencias, previstas o no, como Darwin predijo para los mejor adaptados en las coloridas y variadas islas Galápagos. Cuando las “fuerzas vivas” aplauden estas actuaciones arbitrarias porque creen, en su error, que les dará esta o aquella ventaja competitiva sobre sus adversarios a corto plazo, están socavando su propia estructura resistente y su poder efectivo, sin olvidar que las normas y conductas que respaldan pueden ser posteriormente usadas en su contra por nuevos advenedizos que desplacen a sus protegidos.
Otro asunto que merece la pena considerar es por qué no existe una norma específica y eficaz que regule la publicidad institucional en los medios de difusión local, regional y nacional, determinando el alcance y penetración de esos medios en los grupos humanos de interés para
esa publicidad y adjudicando, en consecuencia, el contrato público pertinente. Y en este punto, recordar que no es lo mismo un medio de comunicación local, que vertebra la estructura municipal, que un medio nacional con sucursal local en el pueblo, y cuya dedicación temporal a las noticias de interés municipal se reduce solo a unos minutos de cabecera o titular, para luego ser rápidamente desplazado por otras noticias. Y ya puestos a abrir el melón, qué decir de la publicidad privada presente en las publicaciones y medios municipales, revistas o programas de fiestas, cuyas tarifas y procedimientos son poco o nada transparentes y que son una competencia desleal a los medios de comunicación privados que pierden anunciantes y clientes imprescindibles. Estas distorsiones del mercado, estos bloqueos institucionales a las actividades industriales y comerciales privadas deterioran los tejidos económicos y sociales, reducen la transparencia y perfección del mercado publicitario, alejan a los clientes locales y, poco a poco, consumen los recursos de locales y los beneficios futuros de las “fuerzas vivas”.
Pues esto que se acaba de describir más arriba y que coincide con las ideologías tanto liberales, libertad de actividad y transparencia de mercados, como de colectivistas partidarios de una acción regulatoria potente de los poderes del Estado, es lo que ha ocurrido en nuestra localidad.
Apagar las opiniones críticas o disidentes es un mal negocio para la sociedad intolerante. Es un mal negocio económico porque resta actividad local y se la cede a empresas extrañas, y es un mal negocio social porque niega canales de expresión a las poblaciones acalladas. No es solo que algo se muera en el alma cuando un periódico cierra; con su cierre siempre se nos escapa una porción importante de las libertades conquistadas. Por ello, es imprescindible que las comunidades locales apoyen y alienten a todos los medios de información locales, con adecuado soporte económico sujeto a regulación y exento de arbitrariedades, garantizando el acceso a las informaciones de interés para todos los potenciales seguidores de esa publicación, ciudadanos del municipio, pero con innegable presencia y querencia por el pueblo. Lo demás es querer mal a Colmenar Viejo, aunque se envuelvan en el pendón del ayuntamiento o en la bondad de sus corazones para disimular su verdadera intención.
