En estos momentos y por motivo del ponzoñoso COVID, la burocracia del Estado se puede convertir en un aliado para la expansión del mal y sus consecuencias mortíferas.
Todo empezó en febrero del 2020, cuando se convocaron los exámenes a las oposiciones a nivel nacional en Madrid y más de 10.000 opositores, aparte de los acompañantes, se reunieron en diversas universidades para tal fin, muy poco se sabía del COVID, pero los opositores pudieron ser transmisores de contagios o de contagiarse sin saberlo, fueron desde todos los puntos de la piel de toro y sus ínsulas, hacinados durante horas en pleno invierno, dentro y fuera de las distintas facultades.
Pero no solo eso es razonablemente criticable, lo peor fueron las consecuencias que pudieran haber ocurrido por tamaño centralismo, pues al cabo de casi un año salieron los listados de aprobados y sus destinos, pero la Burocracia no razona y comete el mayor error amparado en Ley, la obligada toma de posesión de los más de 3.000 opositores de sus puestos de trabajo, normal y comprensible porque para eso opositan.
Una gran mayoría no pueden elegir su destino en donde residen, eso motiva que deban desplazarse a otras localidades o provincias, hoy con gran dificultad por dos razones, el confinamiento de la gran mayoría de localidades, sin poder entrar o salir. No poder justificar que es por motivo de trabajo, dado que deben de ir a tomar posesión de él en persona para firmar y solo tiene el BOE. La Administración obliga a tomar posesión en un plazo máximo de 1 mes, ello implica a los desafortunados que deben de trasladarse a otra comunidad o población lejana a alojarse en hoteles mientras consigue ver algún piso o apartamento en la localidad o aledaños, si por desgracia es en Madrid, Barcelona, Islas, se agrava el problema por el alto valor de los alquileres. Ese es un mal menor si es joven sin familia o pareja, ¿pero ¿qué ocurre con los que tienen la familia?, hay que considerar que deben de efectuar obligatoriamente trámites burocráticos obligatorios como empadronamientos, DNI, Seguridad Social, Colegios si tiene menores, dependencia si hubiere.
Las posibles consecuencias serían una cascada de probables excedencias y no se podrían cubrir los puestos necesarios donde se necesitaban y convocaron oposiciones. Dentro de mi ignorancia, pero no de razonamiento, la solución sería emplear a los aprobados en localidades cercanas para que puedan regresar a sus hogares sin problemas y de paso cumplir con la Conciliación Familiar.
Dicho está, que los partidos políticos y sindicatos cojan este testigo
José Enrique Centén Martín
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