En octubre de 2014 los propietarios de la zona en aquel momento, mayoritariamente bancos, recibieron como pago por la sentencia la cantidad de 63.254.352€ abonada íntegramente por la Comunidad de Madrid. A continuación esta administración reclamó una tercera parte, 21 millones, a cada uno de los dos ayuntamientos codemandados. Ante la negativa de éstos a pagar se inició en 2016 un nuevo contencioso administrativo a instancia de la Comunidad contra los dos ayuntamientos.

El proceso de “el Tagarral” además de largo, ha sido cuantioso. Inicialmente la cantidad a pagar hubiera ascendido a 19 millones de euros, después de la valoración firme de la sentencia en 2003 alcanzó el valor de 42,4 millones, incrementándose hasta los 63 millones en 2014, siempre por los intereses generados. También ha sido un proceso opaco, venta de la mayoría del terreno, intento de recalificación del suelo,  falta de información sobre el proceso judicial, reuniones entre las partes sin información, etc.

En el caso concreto de Tres Cantos, en octubre de 2014 el equipo de gobierno local del PP informó a los vecinos “Las Administraciones cierran de manera definitiva el caso Tagarral. El alcalde, Jesús Moreno, ha luchado por defender los intereses de los tricantinos”. Posteriormente, en marzo de 2016, se constató que al mismo tiempo que el gobierno trasladaba esta información a los vecinos, la Comunidad había enviado al Ayuntamiento dos requerimientos para el pago de la tercera parte de la sentencia. Esta situación llevó a la oposición a pedir la dimisión del Alcalde, finalmente el voto en contra del PP y Cs, que tenían un acuerdo de gobernabilidad, paralizó la petición y todo acabó en una comisión de investigación que no tuvo ninguna repercusión real sobre los hechos ocurridos.  

Después de esta rocambolesca historia y sumergidos en el contencioso administrativo  de 2016 entre las tres administraciones, el Ayuntamiento de Tres Cantos en febrero de 2020  fue condenado por el Tribunal Supremo a pagar a la Comunidad de Madrid un tercio del total de la sentencia.

En ese momento el equipo de gobierno del PP de Tres Cantos, informó a los vecinos que “…iniciaría conversaciones con la Comunidad de Madrid para acordar la mejor forma del pago de la deuda…”. Desde entonces han pasado nueve meses y el gobierno no ha informado de los resultados de esas conversaciones, si las ha habido, ni de cómo se va hacer frente a la sentencia. Este silencio genera muchas preguntas de distinta índole:

- ¿Por qué ha desaparecido del portal de transparencia de la web municipal de Tres Cantos las resoluciones judiciales sobre “el Tagarral?.

- ¿La sentencia de 2020 incluye intereses desde el año 2014, cuando la Comunidad presentó en el Ayuntamiento los dos requerimientos para el pago?. De ser así ¿A cuánto ascienden los intereses?. ¿Cuál es la cantidad final a la que tiene que hacer frente el Ayuntamiento tricantino?.

- ¿Se ha llegado a un acuerdo concreto con la Comunidad?. Hay que tener en cuenta que 21 millones, sin añadir los intereses, alcanza al 43% del presupuesto total del Ayuntamiento en 2020, luego el pago se deberá realizar “en cómodos plazos”.

- ¿Se ha contemplado la posibilidad de amortizar la deuda por compensaciones de las transferencias que tiene que hacer la Comunidad al Ayuntamiento? o ¿Por la entrega de suelo a la Comunidad?.

- ¿Se ha contemplado la posibilidad de pedir un crédito extraordinario?

- ¿Se plantea esperar a la ejecución presupuestaria de 2020, para utilizar, si lo hay, parte del superavit municipal?.

- ¿Se van a tomar conjuntamente distintas opciones?.

- ¿El pago se va alargar después de las elecciones locales de 2023, recayendo en un nuevo equipo de gobierno?.

- ¿Se ha tratado la posibilidad que la fórmula para hacer frente a la deuda sea igual para Tres Cantos y para Colmenar Viejo?.

Si se sigue sin dar información, una pista de lo que puede ocurrir tendrá que venir en el presupuesto del Ayuntamiento para 2021 que se presentará en breve. Actualmente existe una sentencia judicial firme del Tribunal Supremo con una cuantía concreta de deuda, luego se tendrá que incluir en el nuevo presupuesto tricantino un Fondo de Contingencia o Fondo de Cumplimiento de Sentencia, para hacer frente a la parte de la deuda acordada que se estime oportuna.

La opacidad se mantiene, como siempre ha ocurrido con “el Tagarral”, pero en estos momentos frente a una sentencia firme las decisiones se tienen que tomar y explicar, porque es un tema de especial relevancia para el presente y el futuro económico tricantino.

“El Tagarral” no cesa. ¿Hasta cuándo?.