La más reciente legislación, no parece responder precisamente a un corte progresista de ningún gobierno en concreto, sino a una marcada agenda impuesta por la ONU y sus organizaciones supranacionales.
En este contexto, la implantación de la Renta mínima vital y la nueva Ley Orgánica de Educación, Lomloe, parecen introducir con calzador en la legislación española, algunos de los diecisiete objetivos de la Agenda 2030, que fueron aprobaron por todos los Estados en las Naciones Unidas, para ser alcanzados en las próximas décadas, y que tienen como eje transversal la necesidad de afrontar la pobreza, empoderar a las mujeres y hacer frente a la emergencia climática.
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