El anteproyecto de ley aprobado en plenas navidades se ha tramitado por la vía de urgencia, lo que ha reducido a siete días hábiles la presentación de alegaciones para una norma que incluye la creación de una agencia de contratación sanitaria y modifica la ley del suelo
En plenas fiestas de la Navidad y en medio de la sexta ola de la pandemia que ha disparado los contagios en la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso aprobó un proyecto de ley con el que pretende cambiar o derogar más de 33 normas legislativas y siete decretos. Las críticas a este ambicioso proyecto no han tardado por el procedimiento utilizado, con apenas diez días para presentar alegaciones en plenas navidades, un periodo que expiró este lunes, pero también por su contenido que modifica leyes de prácticamente la totalidad de las áreas de gobierno.
La norma presenta varios puntos polémicos ya que incluye medidas que merman el control parlamentario a algunas decisiones del Gobierno, plantea la creación de una agencia sanitaria que puede ser el germen de futuras privatizaciones, denuncian algunas organizaciones políticas y sociales, y termina con la obligación de las constructoras a que tengan que ceder suelo a los ayuntamientos, además de restar competencias a los municipios. Bastaría en ese caso con el pago de una compensación económica. Un adiós, por ejemplo, a las dotaciones públicas en los desarrollos residenciales.
El anteproyecto de ley se aprobaba en Consejo de Gobierno el mismo día que Ayuso lograba sacar sus primeros presupuestos desde que es presidenta gracias al apoyo de Vox. Dos días antes de la Nochebuena, pero publicada ese día, la ley bautizada como Ómnibus recibía la luz verde del Ejecutivo regional y afecta a la práctica totalidad de las áreas del gobierno: urbanismo, medio ambiente, carreteras, sanidad, transportes entre otras cuestiones. Modifica leyes centrales como la del suelo o la promoción de las apuestas.
El trámite de información pública terminó este lunes 3 de enero, lo que supone que organizaciones, oposición y ciudadanos en general apenas han tenido 10 días de publicidad para presentar alegaciones a la norma que despierta numerosos recelos. Uno de ellos es por la creación de una agencia de contratación sanitaria con la que el Gobierno de Ayuso podría eludir el control parlamentario de las adjudicaciones en la contratación pública, denuncian formaciones como Unidas Podemos.
En su artículo 44, da lugar a la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, con un ente público de nueva creación, que tendría plena capacidad jurídica y de obrar. Con esta medida, el Gobierno del PP crearía un organismo independiente que podrá constituir o participar en cualquier entidad que adopte la forma de sociedad mercantil. También podrá contratar de forma centralizada cualquier suministro, bien o servicio que la Comunidad de Madrid considere que debe ser centralizado, principalmente en materia sanitaria. Pone como ejemplo la pandemia, donde esta práctica se ha extendido a través de la Consejería de sanidad.
