LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE COLMENAR VIEJO, SUSPENDIDAS

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Vecinos por Colmenar Viejo recoge las quejas de los profesores y alumnos afectados por la suspensión de los cursos previstos pese a que ya se habían formalizado matriculaciones.

De la explicación del alcalde en el previo del pleno municipal de septiembre se entiende un proceso sin publicidad de contratación de una empresa interpuesta que gestionará las actividades del Centro Cultural Pablo Neruda. La decisión supone que gran parte de los profesores cesen en las actividades que impartían y pierdan su puesto de trabajo.

No parece que haya solución inmediata para la serie de decisiones tomadas por el equipo de gobierno municipal hasta la fecha. Queda por comprobar que las acciones consecuencia de esas decisiones hayan comenzado a ejecutarse, o estén en el cajón, a la espera de que los ánimos de los perjudicados se calmen y el olvido diluya la novedad y la indignación.

En el caso de la Universidad Popular (Centro Cultural Pablo Neruda), la suspensión del inicio del curso sine die, aparte del incumplimiento de las responsabilidades del Consistorio, denota la debilidad habitual de las acciones clandestinas. El argumento de la necesidad de adaptarse a los requerimientos de la legislación en vigor no resulta convincente, cuando en muchos otros municipios se han implantado formas contractuales o de precio público por el uso de espacios municipales que no han alterado significativamente el servicio ofertado anteriormente.

Las explicaciones ofrecidas a profesores y alumnos en el previo del pleno municipal de septiembre no son suficientes para explicar el apresurado cambio de modelo de servicio, ni siquiera la alteración del modelo de contrato. El comentario sobre la necesidad de conseguir tres ofertas de tres empresas y la imposibilidad de obtenerlas no arroja luz sobre las razones para no efectuar la licitación por el procedimiento abierto ni por qué se ha tramitado en la más absoluta de las opacidades. Vecinos por Colmenar Viejo ya contemplaba en su programa electoral de las pasadas elecciones municipales la mejora de la gestión el centro cultural con los afectados y la corrección de las desviaciones detectadas. Las cuestiones relativas a la necesidad de adecuarse a la legislación vigente eran conocidas desde hace ya tiempo y eso debería haber permitido diseñar con antelación suficiente un plan acorde a la normativa, de forma que no interfiriera en el inicio del curso con las clases y el desarrollo de los cursos ya anunciados.

Sin embargo, la intención de ceder a una empresa privada la gestión del centro en régimen de concesión no solo genera incertidumbre en los trabajadores que participaban en las actividades culturales, sino también respecto de la gestión del patrimonio público. Primero, porque los alumnos pueden reclamar la devolución de matrículas o gastos desembolsados y, en segundo 
lugar, la indemnización correspondiente que, aunque pequeña, habríamos de afrontar todos los vecinos del municipio.

En cualquier caso, la decisión del alcalde no puede ser tan pronta como promete. Los presupuestos municipales prorrogados impiden introducir cambios en los modelos de gestión de los servicios municipales, más aún cuando exigen la firma de un contrato con la empresa beneficiada por la adjudicación.

A la necesidad de disponer de crédito ordinario, ya que no se trata de una medida de carácter urgente, se añade la falta de transparencia en la búsqueda y selección de las empresas candidatas a gestionar el centro cultural municipal y, en el peor de los casos, la licitación sin la difusión requerida, ocultándolo tras la figura de contrato menor, negociado sin publicidad o cualquier otra acrobacia administrativa, lo que aviva aún más las sospechas y, en último término, la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa.

¿No habría sido más juicioso no intervenir como se ha hecho, en vez de buscar entre las soluciones implantadas en otros municipios? ¿No habría sido más prudente plantear el cambio de gestión del centro abiertamente a profesores y alumnos, con toda transparencia y tiempo suficiente, en vez de suspender fulminantemente las actividades como está ocurriendo en este y otros servicios municipales? ¿No habría sido más oportuno promover, por ejemplo, una solución de cooperativa de educación y actividades culturales, formada por los profesores que imparten las actividades mientras duran esas actividades, que se presentara como licitante al concurso abierto de gestión del centro?

Urge, por tanto, no solo que el proceso de licitación se convoque con la publicidad que la ley requiere, sino que se asegure que profesores y trabajadores dispondrán de un tiempo prudente para que puedan organizarse para participar en el proceso de adjudicación en igualdad de condiciones que las empresas invitadas y que los alumnos no perderán las matrículas abonadas de buena fe.

Contacto:
vecinosporcolmenar@gmail.com